La nueva propuesta se hace cargo estableciendo la creación de una agencia nacional contra la corrupción, que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Aunque la propuesta no determina la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia, bajo mi punto de vista la lectura es muy clara: ya no se busca fortalecer el rol fiscalizador del ciudadano común, sino que todo queda entre las cuatro paredes de la administración del Estado.