Eduardo Abarzúa, vicerrector de la UAH, académico la FEN e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública; estuvo invitado como panelista al seminario “El futuro de las relaciones laborales en el Estado: una mirada desde los territorios”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Austral de Chile (UACh); el Centro de Estudios Regionales (CER UACh), el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), y el Instituto Chileno Francés., “Las relaciones laborales en el sector público para entenderlas hay que verlas en relación también al régimen laboral chileno y a la historicidad que se ha ido produciendo. Hoy, ¿a qué nos estamos enfrentando como estructura de empleo público? Creo que hay un creciente acuerdo en que está obsoleto nuestra estructura de empleo público que define el Estatuto Administrativo, no responde a cuestiones mínimas ligadas a condiciones laborales, como el reemplazo, barreras, remuneraciones, el tema del ingreso, la imposibilidad de movilidad horizontal, etcétera. Y, además, tiene elementos delicados de precariedad a propósito de los tipos de contrato que lo integran: los contrata, honorarios y otros más que superan el 50% de los contratos disponible del sector público, efectivamente afectan y tienen efecto en la motivación y satisfacción de los funcionarios y, por lo tanto, también del compromiso y otros elementos, porque esta sensación de renovación anual de funciones, que ya sabemos hace tiempo que son permanentes, generan debilidad también como herramienta de gestión”, así lo expuso, Eduardo Abarzúa, en parte de su intervención en el seminario
En la jornada -bajo modalidad híbrida realizada el pasado 20 de abril – expusieron también Iván Sainsaulieu, profesor investigador de la Universidad de Lillie, Francia; Nancy Silva, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Región de Los Ríos; y Francisca Gutiérrez, investigadora del COES y académica del Instituto Administración, FACEA – UACh.
El objetivo de este conversatorio, que reunió a la academia con actores sociales, fue: “discutir sobre los desafíos actuales y futuros de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Sector Público, tomando en cuenta las distintas escalas territoriales en que estas se desenvuelven. ¿Qué tendencias globales pueden observarse en las relaciones laborales dentro de los Estados? ¿Cómo incide el régimen laboral chileno en el desarrollo de estas relaciones? ¿Qué rol juegan las asociaciones de funcionarios en la descentralización y cómo este proceso las afecta?”, explicó Gutiérrez.
Profundizando sobre el régimen laboral y su obsolescencia, Abarzúa enumeró algunas cuestiones que a su juicio son delicadas: “ante la ausencia del legislador para definir una modalidad de empleo público, la Contraloría General de la República el año 2016 – a propósito de la confianza legítima, y recientemente a finales del año pasado principios de este, a propósito de los honorarios, y los tribunales, a propósito de la tutela laboral – ha ido modelando temas de despido y tipos de contrato en el Sector Público. Esto es una debilidad, porque hace falta construir una estructura de empleo público acorde a la realidad presente, que como decía al principio, hoy día no tiene ningún sustento en el Estatuto Administrativo”.
Sobre cómo observa las relaciones laborales en el Sector Público, Abarzúa sostuvo: “uno puede decir que aquí vivimos en una paradoja institucional en general: los derechos colectivos no están legalmente reconocidos, sin embargo, son de facto ejercidos, lo que plantea también ¿Cuál es el mejor modelo de regulación? y si hay qué regular o no ¿y qué? porque todos conocemos la experiencia del sector privado, que en la excesiva regulación, descentralización, etcétera, en la práctica significa también un empobrecimiento del ejercicio de estos derechos”.
En esa línea, recordó el rol de las organizaciones sindicales del sector público: “…que tienen una legitimidad y representatividad única. Son reconocidas como contrapartes y tienen una alta filiación”, lo que ha permitido, explicó, que se produzca: “…una negociación de facto nacional, y por supuesto sectorial. Y esto, además, es permanente y periódico, es articulada pero no es tan articulada, no existe ni piso ni techo; lo nacional no necesariamente es el techo, en algunos casos puede ser hasta el piso. Son los fenómenos que incluye la desregulación. La negociación a propósito de los temas en el sector público, abarca prácticamente todo, no solo las condiciones laborales, también, observábamos la organización y administración de los servicios. Muchas veces los rediseños institucionales pasan por este tipo de discusiones. Las reformas al empleo público, en general, son conversadas con los trabajadores públicos y hay varias reformas que no parece aconsejable iniciarlas si no son conversadas con ellos”.
Los efectos, aclaró, de todo aquello son que: “los temas mínimos de condiciones laborales, incluso de
participación y otros, quedan mucho más definidos desde relaciones colectivas de trabajo que desde una definición estratégica de cada institución. Y aquí hay un dato que es interesante, a propósito del servicio civil: cuando uno mira los cargos que tienen rápida rotación, que además son cargos que no están adscritos al Sistema de Alta Dirección pública, son los cargos que dirigen la función de personas, que justamente son aquellos que tienen que ver con estos temas y son uno de los más sensibles a los cambios de coalición, justamente por las variables que administra”.
En ese sentido, enfatizó: “si uno quiere hacer una afirmación general, una mirada de modernización del Régimen Laboral o de Empleo Público, no solo debería abordar el tema de las relaciones laborales, también el tema del empleo público y sus interacciones. Por supuesto, esto en un marco de la valoración de la función pública donde hay un tema de fondo que a veces no discutimos: ¿Cuál es el límite entre el gobierno, que justamente cuando es elegido, quiere elegir determinados cargos y poder designar, y la Administración, que son los cargos permanentes del servicio civil y que tienen que estar sujetos a condiciones distintas, tanto en términos laborales como de derechos sindicales?”.
Cerró su exposición ahondando en el rol que juegan hoy las asociaciones sindicales en temas como la descentralización y cómo este proceso les afecta. Al respecto concluyó: “es evidente que, en un Estado centralizado donde la asignación de recursos, donde las decisiones son tomadas a nivel de la Región Metropolitana o de las grandes ciudades, es allí donde justamente se organiza y se construye el poder sindical, el poder gremial, pero claro, evidentemente, cuando hablamos de descentralización, cuando hablamos de autonomía regionales, se construye otra realidad política. Y es evidente que el nuevo Estado que se implemente con un nuevo marco institucional va a requerir de actores laborales como protagonistas justamente para sostener estos cambios”.
Es por ello que sostuvo: “hoy, creo que tenemos la posibilidad de resolver un pendiente como país, que reconozca diversidad en nuestro territorio. La autonomía, por supuesto, es una solución que busca el encaje entre los territorios y las naciones y requiere el fortalecimiento de sujetos políticos descentralizados y también un grupo de soporte para el diseño y ejecución de políticas en esta nueva institucionalidad. Es evidente que se requieren no solo capacidades de negociación y presión, sino también un pacto estratégico para estos procesos de cambios que involucran un nuevo diseño institucional. Tengo la opinión, dada el peso, la afiliación, la legitimidad, la articulación en todo el territorio, que son las organizaciones de trabajadores públicos las que tienen mucho que decir en el diseño de este nuevo Estado y de este pacto estratégico, por supuesto”.