Fuente: La Tercera
Últimos documentos de Educación descartan separar pagos por docencia e investigación. Se contempla, además, un fondo extra de hasta un 20% del costo asignado a cada carrera.
- Muñoz y M. Nahas, Santiago 13 de septiembre del 2015 / 04:15 Hrs
A sólo 17 días de que expire el plazo legal para que el gobierno ingrese al Congreso Nacional el proyecto de ley que fijará el presupuesto para el próximo año, en el Ministerio de Educación (Mineduc) aún no definen el modelo que establezca el financiamiento del inicio de la gratuidad en la educación superior, anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet para 2016.
Restricciones financieras planteadas desde Hacienda y complejidades para definir un sistema de financiamiento que genere consensos y, al mismo tiempo, permita pavimentar el cambio de modelo que buscará establecer la reformar al sistema de educación superior, ha hecho que el Mineduc esté evaluando, para esta primera etapa, un modelo menos rupturista.
En esa lógica, el jefe de la División de Educación Superior (Divesup), Francisco Martínez, ha ido trabajando con las autoridades del Consejo de Rectores (Cruch) en un sistema que evite las pérdidas millonarias que arrojaron los primeros cálculos de las universidades, una vez conocida la fórmula de fijación de costo por docencia de cada carrera.
En una minuta del 28 de julio que la Divesup entregó a rectores, se establece, como parte de la metodología administrativa para 2016, que “para el financiamiento de la función docente, el Estado entregará una subvención por concepto de gratuidad”, estableciendo un arancel “para cada una de las carreras genéricas (se definieron 378) por niveles (5), tipo de institución (3) y nivel de acreditación”.
Los últimos borradores de trabajo que el Mineduc ha compartido con parlamentarios oficialistas dan cuenta de una flexibilidad en ese sentido. Un documento de la Divesup fechado en agosto plantea que el valor estimado (de la gratuidad) será “el costo anual basado en el arancel de referencia”, o precio estimado que asigna el ministerio a cada programa académico y que define la coberturas de becas y créditos con recursos fiscales.
En promedio, los aranceles de las universidad del Cruch superan en $ 700 mil el valor de referencia, casi la mitad de lo que sucede en las instituciones privadas. Es por esto, que el mismo documento consigna, además, una transferencia suplementaria. Esta se entregará “a cada institución para cubrir la potencial brecha entre el arancel de referencia y arancel real 2015, considerando como tope el 20% del valor total que corresponde al arancel de referencia”. Cualquier brecha sobre eso, lo deberá asumir la universidad.
Rectores
Los rectores del Cruch han sido testigos directos de las dudas que existen respecto a la fórmula que definirá el financiamiento del inicio de la gratuidad en la educación superior y se muestran, mayoritariamente, partidarios de mantener para el próximo año un sistema ampliado de becas, que termine con los copagos en el grupo favorecido por la medida.
El rector de la Pontificia U. Católica, Ignacio Sánchez, planteó que “los estudios de gratuidad necesitan más tiempo para asegurar que los recursos de las universidades no se vean mermados y considerando que estamos a mediados de septiembre y no hay tiempo, lo más sensato parece ser una fórmula como la de las becas que existen actualmente”.
En la misma línea se plantea el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elortegui, quien precisa que el mecanismo para calcular el costo de la docencia es muy complejo y así lo han planteado en las reuniones del Mineduc con la comisión de gratuidad del Cruch. “Es necesario que el Mineduc desista de usar una fórmula como la que plantean, respecto de financiar la docencia, porque se están poniendo en un problema y también pueden generar dificultades económicas en las universidades”.
Ennio Vivaldi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) y rector de la Universidad de Chile, tiene una postura distinta. “Para las universidades estatales, lo fundamental es ir a un financiamiento basal”. Sin embargo, aclara que “separar el financiamiento de la docencia de las otras actividades, en las universidades de buena calidad, es imposible”.
